En España, los propietarios de viviendas dentro de un complejo conforman una Comunidad de Propietarios, cuyos miembros pagan una cuota comunitaria mensual fija a partir de la cual se financian todos los costos de servicios y mantenimiento comunes. Los propietarios eligen un Presidente de la Comunidad y votan sobre los temas durante una reunión anual, con otras reuniones más pequeñas, convocadas para tratar temas más específicos.
La comunidad también elige un administrador externo independiente, generalmente un Gestor administrativo profesional, que es la persona a la que acudir para cualquier problema que involucre a una comunidad residencial en España, y esa su vez responsable de manejar las finanzas, contratar a terceros, dar luz verde a trabajos de mantenimiento y asegurar que se cumplan todos los requisitos legales. La Comunidad de Propietarios acuerda las reglas a adoptar, actuando el Administrador como árbitro en caso de ser necesario.
Las tareas de un Administrador
Si analizamos concretamente sus funciones, el Administrador es el responsable de preparar y presentar un presupuesto para el funcionamiento de la urbanización, incluida la provisión para gastos e imprevistos. Será también el Administrador la persona que presida o dirija las Juntas Generales de Accionistas y EGM, levante actas y las distribuya a los miembros de la comunidad de propietarios.
Cuando sea necesario, el Administrador cumplirá el papel de Secretario de la Junta, asesorando a los propietarios y actuando como nexo entre partes para asuntos relacionados con la comunidad. Es, por tanto, la persona que licitará cualquier obra a realizar dentro de la urbanización, incluyendo pintura, jardinería, mantenimiento de piscinas y las obras de reparación o instalación que sean necesarias.
El Administrador, además, se asegura de que la comunidad actúe dentro de la letra de la ley y que todos los pagos a terceros proveedores, proveedores de servicios públicos y también los impuestos se paguen en su totalidad y a tiempo. En la práctica, esto también incluye asesorar a los propietarios que se hayan retrasado en el pago de la cuota de comunidad y, en su caso, actuar en nombre de la comunidad de propietarios.